Retrocede la libertad en internet a pesar de la resistencia ciudadana @LaAnet #LaAnet_News

Los programas de vigilancia puestos en marcha por las agencias de inteligencia, la aprobación de nuevas leyes en muchos casos restrictivas y el aumento de las detenciones de internautas por su actividad en la red. Estos son los tres factores en los que se basa el informe Freedom on the Net 2013 para asegurar que la libertad en internet está sufriendo un importante retroceso a nivel mundial.

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Sin embargo, no todas las conclusiones son negativas. La ciudadanía, movilizada por las voces (y los tuits) de los activistas está tomando conciencia y se está movilizando en contra de estas restricciones, consiguiendo en algunos casos incluso detener la aprobación de medidas que limitan su libertad online.

El informe, elaborado por el observatorio independiente estadounidense Freedom House, recoge y analiza la situación en 60 países de todo el mundo (entre los que no está España) fijándose en las barreras para acceder a internet que tienen sus ciudadanos, la restricción de sus contenidos y las represalias contra sus usuarios, dándoles una puntuación de 1 a 100 según la cantidad de obstáculos.

En el siguiente mapa aparecen coloreados los países evaluados según su calificación: en verde aparecen los países “libres” (de 0 a 30 puntos), en amarillo los “parcialmente libres” (de 31 a 60 países) y en morado los “no libres (más de 60 puntos).

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“Los bloqueos y los filtros siguen siendo las formas de censura preferidas en muchos países, pero los gobiernos cada vez miran más quién dice qué en la red, y buscando formas de castigarlo”, dice Sanja Kelly, directora del estudio.

Aumento en el alcance del ciberespionaje
Según este informe, la tendencia principal este año ha sido un aumento en la vigilancia. El escándalo tras las revelaciones de Edward Snowden explotó en las manos de la NSA, pero programas similares están en marcha en otros muchos lugares: 35 de los 60 países analizados también han aumentado sus competencias legales y técnicas para el espionaje digital en los últimos años.

Otros países, preocupados a raíz de fenómenos como la Primavera árabe, el movimiento Occupy Wall Street o las manifestaciones del 15-M entre otros por el poder de las redes sociales para organizar protestas masivas, han aprobado leyes restringiendo la libertad de expresión en esas plataformas. Según el informe, 24 de los 60 países han establecido algún tipo de normativa en esta dirección desde mayo de 2012, imponiendo incluso penas de cárcel para los que las incumplan.

En total, 34 de los 60 países presentan una reducción de la libertad en internet, entre ellos algunas democracias como India, Estados Unidos o Brasil. Sin embargo, siguen siendo los estados autoritarios los que más restringen el uso de la red a sus ciudadanos, con Cuba, Irán y China a la cabeza. En el otro lado de la tabla, Islandia y Estonia son los países en los que sus ciudadanos disfrutan de mayor libertad.

¿Cómo restringen los gobiernos la libertad en la red?
Como comentaba Kelly, la imposición de filtros y bloqueos es la principal forma de limitar las actividades de los ciudadanos. China, Irán y Arabia Saudí son los países más restrictivos en este aspecto. Pero democracias como Rusia, Corea del Sur o la India también utilizan estos obstáculos. Incluso Reino Unido ha planteado la posibilidad de imponer un filtro obligatorio por defecto para todos los contenidos pornográficos.

“Los bloqueos y los filtros siguen siendo las formas de censura preferidas en muchos países, pero los gobiernos cada vez miran más quién dice qué en la red, y buscando formas de castigarlo”, dice Sanja Kelly, directora del estudio.

Aumento en el alcance del ciberespionaje
Según este informe, la tendencia principal este año ha sido un aumento en la vigilancia. El escándalo tras las revelaciones de Edward Snowden explotó en las manos de la NSA, pero programas similares están en marcha en otros muchos lugares: 35 de los 60 países analizados también han aumentado sus competencias legales y técnicas para el espionaje digital en los últimos años.

Otros países, preocupados a raíz de fenómenos como la Primavera árabe, el movimiento Occupy Wall Street o las manifestaciones del 15-M entre otros por el poder de las redes sociales para organizar protestas masivas, han aprobado leyes restringiendo la libertad de expresión en esas plataformas. Según el informe, 24 de los 60 países han establecido algún tipo de normativa en esta dirección desde mayo de 2012, imponiendo incluso penas de cárcel para los que las incumplan.

En total, 34 de los 60 países presentan una reducción de la libertad en internet, entre ellos algunas democracias como India, Estados Unidos o Brasil. Sin embargo, siguen siendo los estados autoritarios los que más restringen el uso de la red a sus ciudadanos, con Cuba, Irán y China a la cabeza. En el otro lado de la tabla, Islandia y Estonia son los países en los que sus ciudadanos disfrutan de mayor libertad.

¿Cómo restringen los gobiernos la libertad en la red?
Como comentaba Kelly, la imposición de filtros y bloqueos es la principal forma de limitar las actividades de los ciudadanos. China, Irán y Arabia Saudí son los países más restrictivos en este aspecto. Pero democracias como Rusia, Corea del Sur o la India también utilizan estos obstáculos. Incluso Reino Unido ha planteado la posibilidad de imponer un filtro obligatorio por defecto para todos los contenidos pornográficos.

Pero también resulta preocupante el aumento en el número de países que han aprobado leyes que penalizan los comentarios con determinado contenido político, social o religioso en aras de una seguridad nacional algo difusa, dejando la puerta abierta a todo tipo de abusos. En 28 de los 60 países se han dado casos de detenciones por este motivo, y en algunos de ellos el detenido no era activista político, sino un ciudadano corriente que publicó algún contenido crítico.

Otras prácticas son más sutiles, pero suponen igualmente una violación de los derechos de los usuarios. La retirada de contenidos y el cierre de páginas web debe ser siempre consecuencia de una decisión judicial, pero en Rusia y Azerbayán, por ejemplo, las autoridades han ordenado a blogueros y tuiteros la retirada de comentarios y textos saltándose las instancias judiciales, amenazándoles con hacerles perder su empleo o con ser detenidos.

Otras veces, los gobiernos obligan a las empresas proveedoras de servicios a colaborar en actividades que suponen una restricción de la libertad de sus ciudadanos en la red. Según el informe, en China las compañías de internet cuentan con departamentos enteros para borrar contenidos. En Estados Unidos, la ley obliga a las tecnológicas a colaborar con las peticiones de información que realicen las agencias de inteligencia.

En caso de no poder controlar la red, otra opción de la que pueden tirar los gobiernos es directamente desconectarla. En muchos países donde la infraestructura de telecomunicaciones pertenece al estado, pueden tirar internet o ralentizar la conexión. Esto ha ocurrido en Siria varias veces en los últimos meses, y de forma puntual en China, Venezuela e India, coincidiendo con eventos políticos o con protestas generalizadas.

¿Cuál es la situación en España?
La situación de España es similar a la que viven los demás países de nuestro entorno. Los países de la Unión Europea evaluados en este estudio entran en la categoría de “libres”. Los internautas en nuestro país no sufren bloqueos en los contenidos que pueden visitar por internet, y pueden acceder libremente a todas las fuentes de información y redes sociales que quieran. En ese sentido, no hay restricciones.

Sin embargo, una de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno preocupa a expertos y usuarios por la posibilidad de que termine siendo una herramienta de represión en la red. Concretamente, uno de los delitos tipificados en el nuevo Código Penal aprobado hace algunas semanas.
Se trata la difusión de mensajes que inciten a la comisión de un delito o la alteración del orden público. Algo que se estaría cometiendo al convocar a través de las redes sociales a una manifestación no autorizada, por ejemplo. Esto ha ocurrido con frecuencia en nuestro país desde mayo de 2001.
Ante las críticas que ha levantado este punto, por las situaciones que pudieran darse a partir de su aprobación, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,
ya ha asegurado que se castigarán los mensajes que inciten a cometer los actos delictivos en concreto y no las meras convocatorias a actos donde se puedan cometer los mismos.
[Via El Confidencial]


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