El PSOE y el PP han solicitado esta nueva ampliación del plazo de la norma aprobada por el Gobierno el pasado 19 de marzo, pero que entró en el Congreso el 9 de abril. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que pondría en marcha esta ley hace más de un año, concretamente, en el Debate sobre el estado de la Nación de 2009.

Los diputados prevén que, de presentarse enmiendas a la totalidad, su debate podría celebrarse aprovechando alguno de los Plenos extraordinarios que se celebrarán en julio, si bien la negociación de las parciales se retrasaría hasta la vuelta del verano, coincidiendo con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011.

Tanto socialistas como populares coinciden en recalcar la “enorme complejidad” del texto, ante la gran cantidad de sectores e intereses que implica -entre ellos los afectados por la polémica disposición acerca del control de las descargas de contenidos por Internet- y que ha obligado a repartir la tarea de redacción de enmiendas entre varios grupos de trabajo.

[Via 20minutos.es]

En la presentación del primer Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales, elaborados por la consultora IDC, se puntualiza que el valor de lo pirateado en películas durante este periodo es de 2.382,5 millones de euros, mientras que en música asciende a 2.291,6 millones. En videojuegos esa cifra se estima en 246,2 millones y en libros 200,5 millones de euros.

Asimismo, Olcese ha pedido al Gobierno que reduzca un 70% la piratería con la nueva ‘Ley Sinde’, en el plazo de un año desde su aprobación, para “demostrar su eficacia”. A su entender, en caso de no resolver la situación “atacando al menor de los problemas” –las descargas desde página web–, habrá que atacar “al mayor de los problemas”, en referencia a los intercambios de archivos entre usuarios (P2P).

Al respecto, Olcese ha explicado que la encuesta refleja cómo el 80% de los encuestados descarga contenidos a través de servicios P2P frente al 43% que lo hace a través de las web mediante servicios de descarga directa. En ambos casos ha destacado la incidencia en los sectores más jóvenes con un 92 y un 69% respectivamente, lo cual tiene “implicaciones de hábito con el cambio generacional”.

Casi el 96% de la música pirateada

Asimismo, el informe, basado en encuestas a 5.911 usuarios, ha destacado que la tasa de piratería ha ascendido, en media ponderada, a un 76% sobre los mercados de música, películas, videojuegos y el sector del libro. En concreto, las los porcentajes suben al 95,6 y 83% en el caso de la música y el cine, frente al 52,3% de los videojuegos o el 19,7% en el caso de los libros.

Por su parte, el responsable del estudio, Rafael Achaerandio, ha aclarado que “sólo se han incluido para la elaboración del estudio los contenidos que son consumidos, excluyendo aquellos consumos realizados por instituciones públicas o aquellos modelos de negocios soportados por la publicidad”.

En cualquier caso, Olcese ha indicado que el estudio “deja entrever un cierto optimismo” de cara al futuro, dado que muestra cómo más de un 50% de los internautas estaría dispuesto a pagar por contenidos en Internet, algo que supondría unos ingresos para el Estado superiores a los 1.400 millones de euros por IVA e Impuestos de Sociedades sólo en el ejercicio de 2009. Además, ha puntualizado que también beneficiaria a los usuarios ya que “a mayor consumo legal, mejores precios”.

De esta forma, la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos considera “muy grave” para España esta situación, por su incidencia en la economía y el empleo, y ha insistido en la necesidad de que el Gobierno “tome medidas urgentes y eficaces para acabar con las descargas ilegales.

[Via 20minutos.es]

El Congressionnal International Anti-Piracy Caucus se muestra decepcionado por la ausencia de progresos en la lucha contra la piratería en estos cinco países. El senador republicano Orrin Hatch ha acusado a estos cinco países de “robar a los americanos” y cifra las pérdidas de las empresas estadounidenses por este motivo en 25.000 millones de dólares.

El grupo cita sitios de Internet particularmente activos en la vulneración del copyright como el buscador chino Baidu, Rapidshare, el canadiense isoHunt, el ucraniano MP3fiesta, The Pirate Bay y RMX4U. Los parlamentarios reclaman de los socios comerciales de Estados Unidos que actúen contra los sitios de Internet de sus países cuyo modelo económico está basado “en la difusión ilegal de contenidos”. Canadá y China encabezan sus preocupaciones, pero los reproches se repiten para el resto de países.

En el caso español destacan que en los últimos ocho años, el mercado musical ha caído un 70% y que se han perdido 40.000 puestos de trabajo en los últimos cinco.

El informe apoya el proyecto de ley antidescargas y lo ve como un motivo de “esperanza” pero insta al Gobierno a moverse rápido para atacar el intercambio de archivos P2P y subrayan que es el segundo país en descargas P2P que infringen los derechos de autor. El texto, como en anteriores ocasiones, denuncia la circular de la fiscalía que no considera punible el intercambio de archivos si no hay ánimo de lucro. Canadá ha anunciado que reformará su legislación para perseguir la piratería.

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La lista ‘Special 301′, que es el nombre que recibe este documento, urge al Gobierno español a continuar tomando medidas positivas para luchar contra la piratería. En este sentido, recuerda que la conocida como Ley Sinde ha servido de estímulo positivo en la elaboración del informe.

No obstante, señala que el Gobierno no ha corregido las partes de la circular de la Fiscalía General del Estado de 2006 que parece despenalizar el intercambio ilegal de archivos utilizando redes peer to peer.

En este sentido, considera que la falta de acción en este campo ha llevado a una percepción pública errónea sobre la legalidad de la piratería. “Las actuales regulaciones españolas no han llevado a la cooperación entre los proveedores de servicios y los creadores de contenidos”, destaca.

Así, la lista alerta sobre el problema que supone que el actual sistema legislativo español no resulta en penas por la vía penal para la vulneración de los derechos de propiedad intelectual.

Los países calificados como prioritarios por el informe -que estudia la lucha contra la piratería en 77 países- son: Algeria, Argentina, Canadá, Chile, China, India, Indonesia, Pakistán, Rusia, Tailandia y Venezuela. España está en un escalón más abajo, el de los vigilados.

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En la serie de vídeos, la mayoría se muestra en primer plano exponiendo sus argumentos. La actriz Charlie Laine, tras halagar a sus fans y asegurar que se pondrá muy contenta si compran sus filmes, aparece sin la camiseta del principio y con dos pegatinas en los pechos.

Según la industria, dos de cada tres películas de este género se descargan sin pagar. Se da la circunstancia de que la industria del porno ha estado en la vanguardia de la innovación tecnológica para encontrar fórmulas de distribución y explotación comercial de sus productos a través de Internet.

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El GAO reconoce que la piratería es un lastre para la economía del país, para los ingresos fiscales, y en algunos casos una amenaza para la seguridad nacional y la salud pública; pero también concluye la oficina que todo eso no es cuantificable.

En las 32 páginas de texto también hay espacio para destacar que, según algunos expertos entrevistados, la piratería y las falsificaciones conllevan algunos efectos económicos positivos. “Algunos consumidores pueden comprar, a sabiendas, un producto falso o pirata porque es más barato o porque el legítimo no se encuentra disponible, y eso puede dar lugar a efectos positivos en las compras”, dice la GAO, que añade: “El consumidor puede utilizar productos piratas antes de comprar las copias legales”.

La GAO señala que los métodos empleados para cuantificar la piratería tienen limitaciones, y que, según la mayoría de los expertos entrevistados, es difícil, si no imposible, cuantificar su impacto en la economía.

De tiempo en tiempo, diversas organizaciones nacionales e internacionales, como la BSA, que representa a la industria del software, o el IFPI, de la industria musical mundial, Promusicae o Adese, cuantifican los millones de euros o dólares perdidos por efecto de la piratería en la industria del software, de la música, el cine o el videojuego.

El informe de la GAO parece que ha satisfecho a todos y a ninguno. La industria cinematográfica norteamericana ha destacado del estudio el reconocimiento de que la piratería es enorme y que destruye puestos de trabajo; sin embargo la no cuantificación impide emplear el estudio en demandas judiciales y en peticiones de daños y perjuicios ante los tribunales.

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La mayoría de estudios cinematográficos y sellos discográficas que utilizan la herramienta en YouTube no han optado por eliminar los contenidos colgados sin su permiso, sino por vampirizar al vampiro; por hacer negocio a su costa, lo que se conoce como “monetizar”. Es decir, incrustar en el vídeo pirata publicidad y enlaces a Amazon o iTunes donde poder comprar el vídeo que le ha llamado la atención.

Monty Python, el mítico grupo de comediantes británico, fue uno de los primeros en aplicar este rastreo a su obra. El grupo no censuró esas descargas ilegales, sino que dijo “monetizar”. Y el resultado fue espectacular. Pese a que desde 1983 no habían creado nada nuevo, las ventas de sus películas crecieron un 16.200%, al margen de los ingresos por publicidad (que se reparten con su socio YouTube).

Unos cómicos de varias generaciones preinternet abrían una nueva vía de ingresos para su obra. Internet, que sirve para colgar todo tipo de contenidos, para copiar y piratear, también sirve para crear modelos de negocios culturales absolutamente impensables hace 20 años.

El desconcierto del mundo de la cultura, principalmente la industria, es tal que la próxima semana se reúnen en Barcelona los ministros del ramo de los países de la UE, que clausurarán el Foro Europeo de las Industrias Culturales. Ahí se debatirá su modelo de financiación o la gestión de la propiedad intelectual en el siglo XXI, entre otros.

En los mismos días y en la misma ciudad contraprograma la cultura libre. D-evolution Summit: los beneficios de la cultura quiere demostrar al mundo que otro modelo, donde no se criminaliza al consumidor por compartir contenidos, es posible. “Un modelo que beneficie a todos, ciudadanos y creadores; que incentive la creatividad y no sólo la recaudación: y, sobre todo, que no ataque a Internet”.

Las reuniones llegan poco después de que el Gobierno español haya dado luz verde al polémico proyecto de ley antidescargas, cuando el parlamento británico discute la desconexión a Internet a los que pirateen contenidos protegidos (Monty Python se va a quedar sin negociete); cuando en Francia ya está en marcha (Ley Hadopi) y mientras Estados Unidos presiona con ACTA.

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Este viernes se ha celebrado la segunda jornada de comparecencias ante la subcomisión parlamentaria encargada de valorar la eficacia de la Ley actual, y han sido las distribuidoras de soportes discográficos las que han reclamado una medida concreta para combatir la piratería: que las operadoras de Internet paguen.

Éstas deberían ser, a juicio de ANEDI, responsables por la reproducción y el almacenamiento -aunque sea provisional- de obras protegidas, como lo son los distribuidores de discos físicos, incluso penalmente, por esa distribución. Algo parecido opina el gremio de editores: “Como su negocio es el tráfico, les importa tres pepinos que sea legal o no”.

No penalizar al usuario

Según las distribuidoras de soportes discográficos, mientras la industria de la música “ha caído casi un 75 por ciento”, las cifras de negocio de las operadoras entre 2000 y 2006 casi se duplicaron “a costa de toda la música y el cine gratis”. Para solventar el problema, ANEDI propone el pago de un canon de distribución digital.

“No es cuestión de penalizar ni responsabilizar al usuario al que se le facilita el acceso a las obras -algo que la Ley Sinde, en principio, no contempla- pero es evidente que hay unas empresas que se están lucrando, y mucho, a costa de los derechos de los autores y los productores fonográficos”, indicó Mónica Sevil, representante de ANEDI.

Por último, han pedido a la subcomisión que modifique la Ley de Propiedad Intelectual de forma que los distribuidores puedan importar discos legales del exterior de la Unión Europea. No ha sido ésta, sin embargo, la única comparecencia que ha versado sobre el polémico canon, sobre el que también han opinado medios de difusión y entidades de gestión.

Tarifas poco equitativas

De esta manera, la Federación de Cines de España (FECE) abogó por que “se descargue” a las salas de varios derechos que pagan en la actualidad y también por la racionalización de la gestión colectiva de derechos, que no suponga una imposición “unilateral” de precios. Las televisiones autonómicas, agrupadas en la FORTA, han tachado estas tarifas de poco equitativas.

Más dura con las entidades de gestión se mostró la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) -que agrupa a las principales televisiones privadas-, que consideró urgente “eliminar la obligatoriedad de la gestión colectiva” para “evitar el mantenimiento o conformación de monopolios”.

Asimismo pidió que se impongan a estas entidades “obligaciones de transparencia”, tanto contable como respecto a los artistas “y las obras y prestaciones realmente gestionadas”. Mientras, la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) estimó necesaria una reforma “en profundidad” de la “obsoleta” Ley de Propiedad Intelectual.

Problemas de aplicación

Por su parte, el presidente de Promusicae -los productores musicales-, Antonio Guisasola, consideró que la Ley vigente es buena y equilibrada, pero tiene problemas de aplicación que requieren una solución. E insistió en que hay un vacío en la defensa de los derechos en Internet.

También habló la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que pidió una reforma legal que impida la reproducción masiva en la Red de contenidos de los diarios -refiriéndose a los de pago, ya que otros como 20minutos.es se difunden con licencia Creative Commons-. Pidió así procedimientos cautelares y ágiles contra quienes vulneren estos derechos.

Por último, el colectivo Red SOStenible, que se presentó en sociedad hace unos días con la Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento como bandera, defendió la propiedad intelectual “como un incentivo a la creación, no como un fin en sí”, y pidió que los ingresos de los creadores no dependan sólo de los “royalties”.

Su portavoz, Simona Levi, miembro de EXGAE, abogó por abolir el famoso canon digital y propuso que se potencie y no limite el derecho a cita y que las obras con subvenciones públicas sean “accesibles con licencias libres”.

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“Hablamos de una página que se lucra y perjudica a alguien porque explota un producto para el que no tiene licencia ni contrato de ningún tipo y eso no tiene nada que ver con un blog que cita un fragmento o pone un videoclip de una canción”, aseguró hoy la ministra en una entrevista con EFE.

“Igual que todas las semanas Sanidad ordena bloquear el acceso desde España a páginas que venden medicamentos no autorizados o falsificados y nadie se rasga las vestiduras ni se ha preocupado nunca de que Sanidad le fuese a cerrar el blog”, sostuvo.

Insistió la ministra en que la ley siempre obligará a una actuación proporcional, y además con la garantía de una resolución judicial: “No sería lo mismo tu blog personal, en el que pones una canción, que los casos de Alicante y Valladolid”, en los que han sido detenidas dos personas responsables de páginas web con una oferta ilegal de contenidos.

González-Sinde, que “en absoluto” se ha sentido desautorizada en este proceso por otros compañeros del Gobierno o por su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, recalcó que “este no es un trabajo que pueda acometer ningún ministerio solo”, y de hecho ha trabajado coordinada en todo momento con los titulares de Industria, Justicia e Interior y con la Fiscalía.

No cree la ministra en “culpabilizar al usuario”, ya que “ha pagado por unos equipamientos que tienen unas prestaciones”. “La facilidad de copia y diseminación de la información es parte del sistema” y por ello “es difícil” que los usuarios no las utilicen. Máxime, con la desaparición paulatina de tiendas de discos, videoclubes y cines: “No todo el mundo vive en Madrid o Barcelona” y hay provincias en las que queda un solo cine, aseguró.

Como alternativa, las descargas legales, de las que según González-Sinde “sí existe oferta”, aunque la situación actual hace que sea “caro y arriesgado” invertir en tiendas de música o películas en internet.

“En los próximos años si los que invierten saben que hay un marco jurídico y legal que protege sus inversiones, desarrollarán más páginas”, sostuvo.

Aunque los daños que la piratería ha infligido a la industria audiovisual no están cuantificados oficialmente, sí que existen unos “daños colaterales” que perjudican al consumidor y a la industria, refirió la ministra.

Así “el miedo a la piratería hace que los productos se tengan que amortizar muy rápido, los lanzamientos (de cine) en España son masivos porque saben que en una semana esa película está en la red, lo que impide que haya más películas en cartelera”, explicó.

“Queremos preservar los blogs”

Sobre el descontento que han manifestado asociaciones de internautas a pesar de que el Gobierno ha tratado de concitar el máximo consenso con estas medidas, dijo que sigue “sin comprender la preocupación de tantas personas que tienen blogs, esto no tiene como objeto ni fin perseguir blogs, faltaría más, el Ministerio de Cultura lo que quiere es preservarlos y por ello gasta dinero para fomentar los contenidos culturales en línea”.

Respecto a las críticas de algunos sectores por la celeridad del proceso de actuación judicial frente a otras vulneraciones de derechos en los que la ley puede tardar más en actuar, señaló que “cuando se trata de cosas tan serias el procedimiento que prevé la Constitución es éste: Audiencia Nacional y el juez no puede demorarse, porque están en juego derechos fundamentales”.

Confió la ministra en que la comunidad internauta se mostrará satisfecha “cuando vean que sus temores son infundados, que en realidad hablamos de esas páginas que se dedican masiva y manifiestamente (a las descargas ilegales)”.

“Esto va a afectar realmente a muy pocos casos. Nunca se va a actuar contra un blog porque no vivimos en una dictadura”, reiteró.

La elección de la Audiencia Nacional como órgano judicial que decidirá sobre el bloqueo de los contenidos de las páginas se ha debido a que no es fácil determinar dónde se ubican físicamente las web, que en muchas ocasiones pueden estar en servidores del extranjero, casos en los que se bloqueará el acceso.

“La página puede seguir funcionando en Singapur, pero no será accesible desde España”, indicó.

Los proveedores de acceso a internet serían los responsables, tras la orden judicial, de ejecutar dicho bloqueo y “se les ha consultado y tienen una buena disposición” respecto a estas medidas.

¿Cómo funcionará la comisión?

En cuanto a la Comisión de Propiedad Intelectual que se creará como órgano de recepción y gestión de las denuncias sobre vulneración de derechos de autor en internet, explicó que la integrarán expertos en telecomunicaciones, internet, derechos y propiedad intelectual, aunque “sería prematuro” hablar de nombres concretos, toda vez que la ley aún no ha sido aprobada en las Cortes.

El plazo que dicha Comisión podrá tardar en tramitar una denuncia (desde que la recibe hasta que pide al juez el bloqueo de un contenido en la web) se recogerá en el reglamento que desarrollará los pormenores de estas medidas.

“Pero por supuesto el sentido común me dice que necesitará poco tiempo en los casos en los que la vulneración de los derechos de propiedad intelectual sea clara y manifiesta, y más en otros casos que no sean tan claros”, concluyó.

¿Qué opinan los especialistas?

David Bravo, abogado especialista en temas de Propiedad Intelectual aseguró que “Será la propia comisión la que decidirá si hay o no hay infracción, no un juez. La decisión del cierre pertenecerá, por lo tanto, a ese organismo”, en respuesta a lo que se afirma desde el Gobierno, y es que la última palabra la tendrá un juez. En este sentido, desde la Asociación de Internautas tampoco se explica cómo, si la Comisión no va a decidir qué webs se cierra para que se sigue manteniendo en el texto que recoge el bloqueo y cierre de webs.

La nueva norma ha levantado ampollas en las redes sociales y entre los miembros más destacados de la blogosfera española.

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El Ejecutivo confirmó ayer que el Consejo de Ministros del próximo viernes, día 8, estudiará la fórmula que desarrollará la normativa “antipiratería” contenida en la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. El procedimiento a seguir combina un proceso de autorización judicial muy rápido para el cierre de webs denunciadas -menos de un mes, incluso 24 horas- con otro proceso administrativo previo, más garantista, en el que los responsables de las páginas podrán hacer alegaciones, proceso éste que puede prolongarse hasta tres meses.

En todo el procedimiento, el órgano clave será la futura Comisión de Propiedad Intelectual, un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura e integrado por expertos independientes (ex magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y autoridades de Internet). Ella será la encargada de presentar la petición de medidas cautelares ante el juez, y de recibir y tramitar las denuncias de los propietarios de los derechos de autor vulnerados.

El proceso para el bloqueo de una web se iniciará precisamente cuando estos propietarios de derechos -una productora cinematográfica, una discográfica o el mismo autor de una canción- denuncien ante la Comisión a la página que presuntamente está comercializando, almacenando o enlazando sin autorización un archivo suyo, ya sea una película, un álbum musical o un videojuego. La Comisión entonces estudiará el caso y comprobará si se están infringiendo esos derechos. Acto seguido notificará a la web la denuncia y se abrirá un periodo de alegaciones para los responsables de la página. Una vez estudiadas esas alegaciones, si la Comisión entiende que no son suficientes, notificará oficialmente a la web que desaloje los archivos de los que está haciendo un uso ilícito y le dará un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo.

Si no hay rectificación, entonces -y sólo entonces- la Comisión podrá solicitar ante el juez medidas cautelares que consistirán en “la interrupción de la prestación de los servicios de alojamiento o almacenamiento de datos” en el caso de páginas nacionales (es decir, el cierre), o el bloqueo a sitios web extranjeros con contenido ilícito que deberán llevar a cabo los operadores nacionales de acceso a Internet (Telefónica, Vodafone, Orange, Ono, Jazztel, etcétera).

El juez no entra en el fondo del asunto, sino que sólo decide si la Comisión es pertinente para pedir el cierre de la web en cuestión, y si con ésta no se vulnera algún derecho fundamental, como por ejemplo, el derecho a la información o a la libertad de expresión. En esta fase judicial del caso, los plazos se reducirán al mínimo. Desde que la Comisión lleve al juez el caso hasta que éste ordene o deniegue medidas cautelares transcurrirán días, pero, en cualquier caso, menos de un mes. Ambas partes podrán dilucidar luego, en un procedimiento judicial ordinario, el fondo del asunto.

La salomónica fórmula elegida por el Gobierno intenta contentar a todas las partes. A la industria cultural -representada por la llamada Coalición de Creadores-, ofreciéndole como reclamaba un procedimiento rápido para impedir las descargas no autorizadas; y a la comunidad internauta, introduciendo la autorización judicial previa. De paso, haría realidad la promesa del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero de que “no se cerrará ninguna web sin decisión judicial”.

El primer problema que plantea esta solución es el procedimiento. El Ejecutivo entiende que no es preciso modificar ninguna ley y pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, en el que se fijen los plazos definitivos y la composición y funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Ésta es una de las principales dudas que plantea el proyecto entre juristas y expertos de Internet. “No es suficiente con que las garantías para las webs vayan en un reglamento; deben constar en una ley, en este caso, en la Ley de Economía Sostenible. Los reglamentos no pasan por el Parlamento. Además, ¿quién dice que ese reglamento no va a ser modificado por el Gobierno en un tiempo y van a desaparecer las garantías de tutela judicial?”, señala Julio Alonso, director general de Weblogs.

Entre la satisfacción y el recelo

El PP ha descubierto en el tema de las descargas un caladero político que está dispuesto a explotar hasta la esquilmación, aunque para ello caiga en contradicciones evidentes. Su portavoz, Esteban González Pons, en declaraciones a Efe, puso en duda que el Gobierno tuviera intención de introducir la tutela judicial previa en el proceso, y atribuyó la noticia a un “globo sonda” y a “una filtración interesada” a EL PAÍS. Más tarde, el portavoz de Cultura del PP, José María Lassalle, calificó de “razonable” que el Gobierno “rectifique” y apueste por exigir autorización judicial, informa EP.

La secretaria de Innovación del PSOE, María González Veracruz, tras tachar de “irresponsable” y “poco digna” la actitud de Pons, le recordó que los eurodiputados populares apoyaron en noviembre en Estrasburgo la retirada de la enmienda de la directiva que impedía cerrar webs sin orden judicial previa (por cierto, retirada también suscrita de forma entusiasta por el Grupo Socialista y hasta por el Partido Pirata sueco).

En el mundo de Internet, profesionales, blogueros y expertos consideran que el Gobierno ha dado marcha atrás pero no lo suficiente, y que sería preciso retirar previamente la disposición final de la Ley de Economía Sostenible o, al menos, incluir en ella (y no en un reglamento) la orden judicial cautelar.

En el otro lado, la Coalición de Creadores cree que es un paso en la buena dirección. “Lo que nosotros pretendemos es que haya un proceso muy garantista con las webs y nos parece óptimo que exista esa garantía judicial. Respecto a los plazos, lo que no puede ser es lo que pasa ahora: crear una página web ilegal cuesta un día y cerrarla, por la vía administrativa o judicial ordinaria, seis años”, dijo su portavoz, Joan Navarro.

[Via ElPais.com]